• Un informe denuncia las pésimas condiciones laborales en los ingenios azucareros

    Fue elaborado por CTA-A y presentado por Víctor De Gennaro y diputados de diversos bloques en el Anexo del Congreso.

    Ayer por la tarde, en el edificio anexo del Congreso Nacional, fue presentado en conferencia de prensa y en presencia de varios diputados un informe elaborado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma que denuncia la represión y la ciminalización de la protesta que sufren los trabajadores de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy.

    El documento explica cómo la Justicia solo interviene en los conflictos para dictar dobles conciliaciones obligatorias, y las empresas realizan discriminaciones generalizadas a los trabajadores que participan de la protesta, lo que incluye desde no ascenderlos, hasta interrogarlos. En suma: relata las terribles condiciones de trabajo que se padecen en los ingenios San Isidro, Ledesma, Río Grande y San Martín del Tabacal. “En Jujuy, hay más de 800 puestos de trabajo que están siendo amenazados por el estado provincial y por la empresa (Ledesma), representados por la misma persona. En este informe intentamos, por un lado, reflejar los procesos de lucha y, por otro, remover todas estas prácticas que afectan a los trabajadores de los ingenios y al conjunto de la población“, narró Luis Campos, miembro del Observatorio y uno de los autores.

    De la presentación también formaron parte secretarios y delegados de los seis sindicatos de los distintos ingenios, cuyas denuncias formaron parte del informe, que planean nuclearse en la Federación Azucarera Regional.

    Claudio Colque, del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal, explicó que esta empresa “incita a denunciar ante la Justicia Federal a los trabajadores que cortan las rutas”, y narró las diversas formas en que la empresa que emplea a más de mil trabajadores amedrenta y flexibiliza.

    Por su parte, Rafael Vargas, representante de los obreros y empleados del azúcar del Ingenio Ledesma, recordó que “el sindicato es parte querellante en los delitos de lesa humanidad en los que (Carlos) Blaquier está implicado”. “Las empresas no ceden, avanzan, y con el gobierno que tenemos se sienten empoderadas. Lo que nos preocupa es lo que viene, porque nosotros vamos a seguir peleando y la empresa, si no ve muertos, no actúa”, advirtió.

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    El representante del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro, Mariano Cuenca, destacó que “en tiempos de paritarias avanzan todas las causas” que la empresa les inicia a los trabajadores “para poder disciplinar”. “Hay compañeros que están en condiciones de esclavos”, agregó.

    Antonio Reales, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande La Mendieta, denunció el cinismo empresarial cuando contó: “Fuimos estos últimos días a pedir el bono de $2000 que decía la CGT, y nos dijeron que estaban en la miseria. Todos los días salen cinco o seis camiones de biocombustible, son unos $500 mil cada camión. La gente pone el hombro todos los días, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el viento, y miren cómo paga el patrón”.

    La exposición terminó con el relato de Bautista Néstor, del Ingenio La Esperanza, quien sostuvo: “Estamos acá por la defensa de nuestra fuente de trabajo no solo por hoy, sino por mucho tiempo más. Estamos tratando de volcar acá lo que vivimos día a día, el apriete que sufren los trabajadores del sector azucarero para que todos se enteren“.

    De la reunión también fueron parte las diputadas Gabriela Troiano, Alcira Argumedo, y Graciela Camaño, el diputado Pablo López, y el ex diputado Víctor De Gennaro, quien se acercó junto a Nora Cortiñas como miembros de la Comisión Municipal por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires que ambos integran.

    29-11-16-audiencia-publica-azucareros-11“Está embromada la cosa -afirmó De Gennaro-, pero hoy la criminalización de la protesta es porque los trabajadores se han organizado”.

    Por parte de la CTA-A, estuvo su secretario Adjunto, Ricardo Peidro, quien aseguró que “no es que la CTA-A se solidariza con la lucha: es parte de esa lucha. Nos conmueve la resistencia y la lucha de los trabajadores. Lo que tienen en común estas patronales es que para maximizar ganancias utilizan todo el salvajismo que pueden utilizar, y el límite es la lucha de los trabajadores”. 

    También lo hizo del secretario de Relaciones Internacionales de la Central, Adolfo “Fito” Aguirre, quien recordó que la patronal está encarnada por trasnacionales, por lo que “no toda la pelea es en el territorio nacional”. “Nosotros, como sindicato y como clase trabajadora, tenemos que utilizar esa solidaridad para alentar luchas en el plano internacional”, afirmó.

     

  • La política criminal del gobierno de Scioli en las cárceles

    En el día de ayer la Comisión Provincial por la Memoria presentó el Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires donde se denuncian las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal. El material abarca el año 2015 y arroja alarmantes cifras en cuanto a hacinamiento, torturas y muertes evitables. Víctor De Gennaro estuvo presente como integrante de la Comisión.

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    El acto que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia contó con la presencia de mas de 500 militantes de organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas, dirigentes sindicales y políticos, y gran cantidad de medios de de comunicación. Por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvieron Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Sandra Raggio, Roberto Félix Cipriano García, Víctor De Gennaro, Nora Cortiñas, Ana Barletta y Elisa Carca, entre otros.

     

    La apertura estuvo a cargo del Presidente de la CPM y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “La democracia se construye con derechos para todos por igual, hay que eliminar la tortura en los centros de detención. Las nuevas autoridades deben observar este informe para cambiar las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos”.

    Luego siguieron las intervenciones del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y el Secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, quien reconoció: “La tortura existe, y el Gobierno no está dando las respuestas que debiera. Si hay una institución a la que la transición democrática no ha llegado, es el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

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    A su vez, Cantón aseguró: “La labor de la CPM es fundamental; sin este trabajo, el Estado sería mucho más débil para asumir su responsabilidad”. En este sentido, el funcionario completó: “Desde la secretaría de Derechos Humanos  apoyo el pedido para que CPM sea reconocida como mecanismo de prevención de la tortura”.

    El encargado de exponer un resumen de los datos recogidos por la CPM fue su secretario, Roberto Cipriano García. “Este informe refleja la matriz de la política d mano dura que gobierna el sistema penal”, dijo.

    Si bien persisten en la actualidad, los datos que arrojó este nuevo Informe Anual corresponden al periodo enero-diciembre de 2015, y dan cuenta de una situación sistémica que se profundizó durante la gestión de Daniel Scioli pero que viene siendo un lastre desde hace décadas.

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    Algunas cifras salientes de la presentación de la CPM:

    – El récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva (al final del proceso judicial sólo el 20% termina con condena).

    – Las 145 muertes por cárcel en 2015 (mas de 3 por semana)  dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse.

    – El registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención.

    12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM.

    3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves.

    79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos.

    – Un 59,8% de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

     

    El cierre de la presentación estuvo a cargo de Víctor Mendibil, presidente de la CPM e histórico dirigente de la Federación Judicial Argentina (FJA) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA – Autónoma): “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Los persiguen por ser pibes y por ser pobres”.

    “Hay que darle impulso a la policía judicial, darle autonomía a la defensa pública y modificar el sistema de selección de magistrados”, propuso.

    Por último, Mendibil lanzó: “Esperamos que se apruebe el proyecto presentado por Elisa Carca y se designe a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura”.