• La única condición para que existan las organizaciones sindicales, es que los trabajadores quieran organizarse…

    Víctor De Gennaro, comparte unas líneas y nos invita a pensar en la libertad y la democracia sindical.

    Camino al Congreso Ordinario y Extraordinario de la CTA-A el próximo 28 de abril, con el empuje y mística recibida en el Congreso de la Federación de Box y la convocatoria, desafiante, a la que nos invita Cachorro Godoy en el artículo de la ACTA del pasado 29 de marzo, sobre los caminos de la nueva centralidad de la clase trabajadora es que quisiera compartir estas reflexiones.

    Cachorro señala como esa “rebelión” de nuestro pueblo en la calle, no esperada por el gobierno, -que creía iba a gozar del supuesto cheque en blanco que recibía con el resultado electoral,- nos fortalece cuestionando la gobernabilidad reinante.

    Los Gobernadores y la CGT se aprestaban a acompañar sin sobresaltos dicho avance sobre los derechos de los jubilados y nuestros chicos.

    Pero la capacidad de resistencia y organización a la par de los justo de los reclamos nos desafía a transitar mayores definiciones acerca de los modelos sindicales, la unidad o hasta la profundidad y continuidad de nuestros principios.

    La CGT utilizó la fuerza del paro nacional del 6 de abril del año pasado para acordar que en el proyecto de Ley de Reforma Laboral “quede resguardado el derecho de que los sindicatos son los que proceden a bajar los derechos de los trabajadores y no la ley” dejando a salvo “el poder de su Lapicera” aunque la lucha de los trabajadores impidió que se trate en el 2017 y este año lo frenaremos nuevamente en el Congreso si el gobierno vuelve a la carga.

    Lamentablemente, muchos de esos dirigentes seguirán firmando convenios a la baja que tanto daño hace a los trabajadores, sin consulta ni participación de los que sufren o gozan las condiciones pactadas.

    De allí que insistimos desde la fundación de la CTA que es imprescindible la modificación de la Ley Sindical y su adecuación a las leyes internacionales incorporadas al texto constitucional con la reforma de 1994.

    Nosotros intuitivamente al comienzo de la década del 90 consideramos que en el marco de la CGT y sus dirigentes no se podría resistir las políticas neoliberales.

    Nos llevó tiempo entender que en la Argentina dada la gran fuerza y experiencia del poder organizado de los trabajadores, la clase dominante creó una nueva realidad en los sindicatos, cooptando a sus principales dirigentes.

    Después del 76, hubo algunos dirigentes nacionales que sufrieron la desaparición, el asesinato o la cárcel; pero el principal objetivo de la represión fueron los delegados y miembros de comisiones internas.

    Diferente a lo que realizaron en 1955, donde creyeron que cortando la cabeza mataban la víbora: interviniendo los sindicatos, encarcelando o fusilando dirigentes, pero dejando existir a las comisiones de delegados de empresa.

    Fueron esas representaciones (CDE), las que se hicieron cargo durante los años siguientes de la resistencia que permitió no sólo recuperar los sindicatos sino parir programas como los de Huerta Grande, La Falda, y el del 1 de mayo de la CGT de los argentinos.

    Se transformaron en el motor de la construcción política nacional y recuperaron el gobierno poniendo proa a la revolución trunca que los convocaba.

    Por eso, los poderosos, a caballo de una política genocida, debilitaron su principal virtud: la representación en los lugares de trabajo, y fortalecieron un modelo que incorporó a los dirigentes, subordinando a la CGT Azopardo y los transformo en verdaderos dirigentes empresarios a cargo de sindicatos de trabajadores.

    El poder de los conglomerados sindicatos-empresas, ya no se basa en asambleas de trabajadores ni en su capacidad de organización, sino en el poder económico que amasan a través de actividades y negocios personales ajenos a su representación.

    La cuota sindical ya no es su único sustento. Más, en muchos casos es un ingreso menor.

    Basta recordar que muchos de ellos son recaudadores de los aportes de trabajadores y contribuciones a las obras sociales y se han convertido en meros intermediarios en el cobro de la misma, delegando su administración a las empresas privadas (pre-pagas) mercantilizando nuestro derecho a la salud, al punto que solo los ricos puedan acceder a los estándares fiables y seguros.

    Ese complejo médico-asistencial-privado puede inclusive contar con algunos dirigentes que se convirtieron en empresarios de algún prestador o que aprovecharon sus licitaciones y necesidades para enriquecerse con sus propias empresas.

    Ya nada queda de aquellas quimeras que enorgullecían a los trabajadores con sus policlínicos como “el Hospital Ferroviario”, y los hoteles propiedad de los trabajadores, hoy mayoritariamente dados en consignación y gerenciamiento privado.

    La cuota llamadas de “solidaridad” por uso del convenio de trabajo firmado por el secretario general que se cobra indiscriminadamente sin consentimiento de los trabajadores, y que supera largamente el número de afiliados, es una muestra de la complicidad empresaria y un premio al sindicato por firmar a la baja.

    En el informe publicado por el Ministerio de Trabajo publicado en el 2007 se hablaba de que el 83,4% de las empresas privadas no eligen delegados.

    Tampoco hay conocimiento de cuantos delegados de prevención de accidentes y enfermedades hay. La aprobación de la ley de ART de Menem primero, empeorada por Cristina Kirchner después y profundizada por decreto del actual presidente Mauricio Macri cuestan la vida a más de 20 compañeros por día con el gran silencio cómplice de los dirigentes empresarios que se benefician con el dolor y la indefensión de la vida de nuestras y nuestros compañeros.

    No hay atajo. Es hora de enfrentar y cambiar la Ley autoritaria que permite que un empresario sea secretario general de un sindicato de trabajadores; pero impide que un hermano de clase de otra nacionalidad lo sea.

    Basta del régimen de la personería gremial que permite que el ministro de trabajo de turno maneje a su antojo las inscripciones, o personerías, que deja a los trabajadores y trabajadoras a merced de los antojos cambiantes de los cambios ministeriales, cuando se modifican los gobiernos y se curvan las lealtades.

    La Constitución es clara y las normas internacionales de trabajo de la OIT también. Tenemos derecho a hacer las organizaciones que queremos y como las queremos y no hay que dejarse correr con el “verso” de la unidad.

    Hoy, en Argentina, con esta Ley de “unicato promocionado”, (sin contar las organizaciones sociales que para nosotros son también de trabajadores) hay más de cinco grupos o centrales sindicales, y su existencia ya tiene más de 20 años..

    En Uruguay, acá nomas, tenemos el ejemplo de que se puede: nuestros hermanos uruguayos tienen el derecho de hacer sin la potestad del Estado -como lo establece la constitución Argentina y la OIT, insisto-; todos los sindicatos que quieran y como quieran sin interferencia del patrón y sólo tienen una sola central de trabajadores.

    Los trabajadores siempre tendemos a la UNIDAD y sólo se garantiza con un alto grado de democratización de las organizaciones en su composición, funcionamiento y decisión de sus legítimos y únicos dueños: las y los Trabajadores.

    Vayamos por una nueva ley de Trabajadoras y Trabajadores sindicalizados
    .

    Despojémosla de propuestas efectistas que garanticen intereses corporativos que nada tienen que ver con la conciencia, ideales y necesidades de la clase.

    Es válido recordar a 50 años de la creación de lo que fuera la CGT de los Argentinos aquella popular frase de su secretario General; el compañero Raymundo Ongaro:

    Más vale Honra sin Sindicatos, Que Sindicatos sin Honra

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